¿Un Poder Ejecutivo sin poder ejecutivo?

¿Qué hay en el fondo de la discusión sobre la conformación de la autoridad de aplicación de la nueva ley de medios —o la ley entera—, que llevó a un conspicuo (¿ex?) militante del campo popular a no votarla? Lo mismo, creo, que cuando la resolución 125 sobre impuestos a la exportación agropecuaria: que el Gobierno tenga, o no, derecho a gobernar. Sirios y troyanos —tanto acérrimos como tibios opositores— sostienen, convencidos, que hay que restarle poder ejecutivo al Poder Ejecutivo.

Veamos: ¿qué están diciendo quienes afirman que esta ley le da “control total” al Gobierno? Por decir lo menos, una falacia destinada a confundir a quien no haya leído o escuchado la verdad, ya que quienes lo hacen no son ignorantes que no sepan hacer cuentas, y se mire como se mire tres entre siete miembros no son mayoría, y no se ve cómo puedan ejercer “control”, no hablemos de “total”.

Bonasso, el “conspicuo” arriba mencionado, propuso arteramente —porque lo hizo llamándolo “un cambio en la redacción” como si de una corrección gramatical se tratara— una autoridad de cinco miembros, ninguno designado por el Ejecutivo, pero tres —esto sí una mayoría clara— por el Parlamento, donde, es de suponer, el oficialismo de turno tendría sólo uno por ser mayoría o una de las primeras minorías.

¿Pero por qué, pregunto, debiera el Legislativo ser la principal autoridad de aplicación de una ley? ¿No es, precisamente, “ejecutar” i.e. aplicar la ley y administrar, facultad y obligación primarias del Poder Ejecutivo en un régimen presidencialista? ¿No son las de legislar —y sólo accesoriamente “controlar”—, las del Legislativo?

¿Cuáles son los principales argumentos tras esta postura? Que —dicen— el Gobierno no es confiable, y hay que impedir que pueda “hacer negocios favoreciendo a sus amigos”. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? ¿El Congreso es un convento de Carmelitas Descalzas o claustro franciscano, son ellos probadamente incorruptibles e impolutos, insospechables de “hacer negocios” o tener “amigos”? Por favor… Ni vale la pena considerar otros dizque argumentos como el de “ley mordaza” para “controlar” los medios, en una ley que no dice una palabra sobre contenidos, excepción hecha de mantener una cuota razonable de temas nacionales y locales.

Pasada la batalla es tiempo de reflexionar. De no confundir victoria con el fin de una guerra que no tiene fin. El enemigo es poderoso —mucho— y lo único seguro es que jamás va a darse por vencido. Sí, quizá deba ahora desprenderse de algunas de sus armas (perdón, medios), pero no más de lo que le venía sobrando. Su poder de “formar opinión” continuará vigente, y no está mal que así sea, o nos iríamos al otro extremo. La diferencia es que ahora también otros podremos disponer de algunas herramientas para continuar la lucha, que es de fondo: el mismo de siempre, la problemática fundamental de un país en donde por casi un siglo los únicos gobiernos admitidos por el poder del dinero fueron los que aceptaron mansamente someterse a sus designios, limitándose a seguir líneas impuestas, que siempre implicaron obediencia al poder de minorías que en los hechos gobernaron nuestras vidas sin siquiera dar la cara. Siempre, claro, en beneficio propio y desmedro del interés mayoritario.

No quiero decir con esto que la batalla ganada sea insignificante, más bien todo lo contrario, precisamente porque el hecho de que se haya establecido un marco de pluralidad de voces significará —es de esperar— que poco a poco se pueda reflexionar y analizar lo que nos pasa, nos pasó, y seguirá pasando a no ser que deroguemos de hecho el “pensamiento único”, por décadas dedicado a confundir, distorsionando el razonamiento hasta el punto de inducirnos a justificar lo injustificable.

¿Cómo llegamos, si no, a creer que lo lógico y razonable debiera ser que fueran los legisladores quienes apliquen las leyes que ellos mismos crean? ¿Y la división de poderes? ¿Dónde queda?

Volviendo al principio (en ambos sentidos de la palabra), el tema, siempre pero especialmente desde la “revolución de los chacareros” —Grondona dixit— hasta ahora con esta ley y lo que quizá se avecina, reformas financiera, tributaria y política, sigue siendo el más fundamental de los fundamentales para el funcionamiento de una democracia: el derecho —o no, y perdón si soy reiterativo pero es que ES fundamental— del Gobierno a gobernar —o ser sometido como todos los anteriores a los Kirchner—.

Queda mucho por hacer. Los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana, y con toda seguridad los poderosos continuarán haciendo lo posible —no es poco, lo que pueden— por envenenarnos, engañarnos, privarnos del derecho a una información confiable, veraz y plural, intentando anular nuestra capacidad de razonar… en suma, quitarnos el derecho de pensar.

Sin embargo, si una entre muchas virtudes han tenido las valientes decisiones presidenciales de tomar al toro por las astas, ha sido la de obligar a los verdaderos “dueños del país” a salir de la oscuridad, dar la cara y exponerse como nunca antes. Pero a no confundirse: la ofensiva patronal continuará, y con fuerza. Al mismo tiempo que esto escribo veo a Estenssoro, hábil operadora de la derecha, “agarrándose” de una simple errata fácilmente corregible (que quedó “bianual” en vez de “bienal”, cuando todo el mundo sabe que la intención siempre fue que se actualice el otorgamiento de licencias cada dos años y no cada seis meses), para impugnar la ley entera.

Pero por algo se empieza. La ley se aprobó, y en buena hora. Ya era tiempo. Mucho en que pensar emana del tratamiento, debate y argumentos que giran en torno de la misma: Si queremos, por ejemplo, seguir con un sistema presidencialista, o cambiar a uno parlamentario. ¿Quieren lo segundo? Está bien, den la cara, debatamos una nueva Constitución si lo proponen… Y veremos si los votos les alcanzan. Porque de eso, de VOTOS se trata y no “consenso”, otra falacia de las muchas que tratan de inculcarnos.

Lo PEOR, es que haya compañeros que también las sostengan. ¿De veras se las creerán?

Ricardo Moura es autor de OPIBLOG.