miércoles, 30 de septiembre de 2009

Paso a Paso-Ley de Medios



Faltando poco para la definición sobre esta ley fundamental, y arreciando la campaña sucia en contra, es oportuno leer este artículo de Paso A Paso, publicación de Nueva Comuna (resaltados de OPIBLOG):

¿Por qué es prioritario apoyar una Ley de Medios?

Por Rodrigo Carbajal, Paso a Paso, Agosto-Septiembre de 2009.

Afirmado en el trabajo que desde hace varios años llevan adelante diversos sectores del campo popular, reunidos en la "Coalición por una Radiodifusión Democrática", el Gobierno Nacional presentó en sociedad un anteproyecto de ley que se propone reemplazar el actual marco normativo de radiodifusión, que data de la última dictadura militar, por un sistema que garantice el pluralismo informativo y la libertad de expresión de toda la ciudadanía.

Hay muchas razones que sostienen la necesidad de discutir un nuevo esquema regulatorio para el funcionamiento de los medios. Todas gravitan sobre el eje medios y democracia. Propongo en lo que sigue un breve punteo de algunos hitos de la historia reciente en relación a este eje.

Hace más de 40 años, Umberto Eco, un reconocido semiólogo italiano, escribía: "No hace mucho tiempo que para adueñarse del poder político en un país era suficiente controlar el ejército y la policía… Hoy, un país pertenece a quien controla los medios de comunicación." ("Para una guerrilla semiológica", 1967). Las palabras de Eco cobran vital actualidad. Señalan la creciente importancia que adquirieron los medios de comunicación para las democracias, y el rol dominante que detentan quienes controlan su propiedad. ¿Qué estructura de medios tiene nuestro país? ¿Qué consecuencias tuvo y tiene esta estructura para el funcionamiento de la democracia?

En Argentina, el proceso de concentración de la propiedad de los años ´90 dejó en poder de cuatro grandes grupos económicos más del 80% de los contenidos televisivos y radiales producidos y distribuidos en el territorio nacional. Tamaña concentración fue posible en el marco del decreto/ley 22.285 de la última dictadura militar, que regula el espacio audiovisual permitiendo el ejercicio de la radiodifusión con exclusividad a las organizaciones con fines de lucro. Sin embargo, desde el 2005 el Congreso habilitó la posibilidad que las organizaciones sin fines de lucro accedan a frecuencias de radio y TV. El inconveniente es que la mayor parte de las frecuencias ya están tomadas por los medios privados. Para resolver eso, en lo que sería una decisión de avanzada en materia de libertad de expresión, el anteproyecto de gobierno propone reservar el 33% del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro (universidades, mutuales, cooperativas).

Cómplices de la dictadura cívico-militar y socios estratégicos del proceso político iniciado en los años del menemismo, los medios masivos fueron la aplanadora de conciencias con la que se configuró la mayor transformación cultural de los últimos tiempos en el país. Con su prédica constante contra el rol regulador del Estado, al que se acusaba de corrupto, ineficiente e ineficaz, produjeron el consenso necesario para poder vender el patrimonio público y estatal y servir al capital concentrado y extranjero los negocios más obscenos y fraudulentos, al disponer la privatización de los servicios públicos.

Alcanza para ejemplificar esta operación ideológica, la construcción mediática, en manos de Bernardo Neustadt, de la figura de "Doña Rosa", como la encarnación del sentido común que despreciaba la política y lo estatal y creía en la panacea mercantil que todo lo iba a resolver. “Doña Rosa” repetía hasta el cansancio que estaba harta de los políticos y sus socios, los sindicalistas, que siempre se pelearon por ver quien robaba más dinero del Estado. Ella ya había visto una y cien veces esa película, que era la historia del fracaso de los argentinos. De una buena vez, había que dejar que el mercado resolviera lo que el Estado ya había demostrado que no podía hacer: esto es, dar un buen servicio a quienes pagan religiosamente sus impuestos.

La feroz propaganda neoliberal que los medios masivos realizaron, casi en cadena, allá por los años 90, permitió la edificación de un consenso que hizo posible las profundas y regresivas transformaciones de la economía y el Estado. La concentración de los medios en pocas manos impidió que aparecieran en pantalla aquellos sectores de la ciudadanía que resistían, muchas veces al costo de la represión, la instalación del modelo neoliberal.

Cromañón es también un capítulo ejemplificador. Al ser los grupos privados los que controlan la casi totalidad de las emisiones de la TV, la cobertura fue saturada con retóricas de la emoción y noticias sensacionalistas (sobreexponiendo a las víctimas y su dolor), que son las que “venden” y permiten reproducir el negocio “informativo”. La mirada reflexiva y la confrontación de distintas perspectivas respecto de por qué había ocurrido Cromañón y los modos de operar social y políticamente para que no vuelva a suceder, bien gracias… La búsqueda del rating, y algún interés político inconfesable, primaron sobre la contribución a un debate urgente y todavía necesario.

El llamado “conflicto del gobierno con el campo” produjo otros capítulos bien interesantes, como trágicos. Allí se hizo presente una operación tradicional de los medios: el reemplazo del todo por una de las partes. Es decir, la instalación de un interés particular como si fuese el interés general. A coro, los medios masivos, gráficos, radiales y televisivos, hicieron pasar a cuatro entidades patronales rurales como si fueran el campo en su conjunto. Desconociendo otras realidades e intereses, como los de centenares de miles de pequeños agricultores familiares y campesinos que subsisten a pesar del modelo sojero y del agro-negocio. Por si fuera poco, hicieron pasar a “ese” campo como si fuese la patria. Recuperando un símbolo de la Argentina agroexportadora, granero del mundo, país de elites y excluidos, y desconociendo la contribución que todos los sectores de la producción y el trabajo hacen a la economía del país. Así, el conflicto de cuatro entidades patronales y sus representados, que defendían sus privilegios sobre el bien común, fue traducido por los medios como el conflicto del Gobierno contra campo, y a través de éste, contra la patria misma. ¡Dios nos libre y guarde!

No fue el amor a la patria lo que motivó una definición tan particular del conflicto, sino los propios intereses económicos de los medios masivos que viven de las rentas del agro-negocio. Fue, además, una apuesta a disciplinar la política gubernamental y a poner en carrera otras figuras que más que amenazar, garanticen los privilegios tradicionales. En efecto, el mismo empeño que los medios pusieron, durante los 90, en deslegitimar el rol regulador del Estado, ponen ahora para horadar la legitimidad de un gobierno que se aventuró a romper algunas prerrogativas históricas y proyecta o amenaza (¿habrá que decir amenazaba?) con romper algún que otro negocio de décadas, como el de los medios masivos.

Durante años, los medios masivos han contribuido a la banalización de la política y a la trivialización del interés público, ocultando el conflicto ideológico y de intereses presente en toda sociedad de repartos desiguales de riquezas y oportunidades. Basta ver la agenda de los noticieros saturada de episodios de inseguridad, chismes del deporte y noticias del espectáculo. O el desfile de las mismas caras políticas y los mismos lenguajes superficiales. Lo que los medios hacen al presentar esta agenda es invisibilizar otras múltiples realidades, desconociendo a los actores que podrían dar cuenta de éstas.

Pero seamos claros. El problema no son los medios en sí. Tampoco lo es la herramienta audiovisual. Con un nuevo marco normativo que garantice la pluralidad de voces, la radio y la TV masivas, al instalarse como vehículos de la reflexión y el debate social, pueden y deben ser instrumentos medulares de una necesaria profundización de la democracia. El problema es el sistema de medios que hoy tenemos, controlados por grandes grupos económicos. Al ser empresas privadas, es la búsqueda del lucro la que moviliza su funcionamiento, el famoso rating. Ya no un interés informativo o un aporte al debate público. Asimismo, al ser grupos con potentes intereses económicos no les es ajeno, todo lo contrario, un interés político. El rumbo que tome el país está directamente relacionado con sus intereses primordiales, ya sea porque protege los acostumbrados privilegios económicos o porque los amenaza.

Discutir un nuevo sistema de comunicación audiovisual en clave plural, como propone el proyecto oficial, es un desafío para fortalecer nuestra democracia y una oportunidad para profundizarla.